En 1897 se convocó a una discusión para elaborar la primera ley de alcoholes de Chile. Los temas centrales de esa discusión fueron las medidas para prevenir el alcoholismo en la población y la recaudación de impuestos para el Estado.

En la discusión de la ley existieron dos posturas con respecto a la función del Estado. La primera apoyó la idea que la función del Estado era recaudar impuestos para el arca fiscal, y para ello debía concentrar en sus manos el negocio del alcohol mediante un monopolio. La segunda postura, de índole higienista, planteaba que lo principal era mejorar el bienestar de la población y su salud, mediante restricciones al consumo de alcohol. Luego de debatirse en el Congreso, se optó por privilegiar la fiscalización y el control respecto a la distribución y el consumo de alcohol, lo que se vio reflejado en una ley que castigaba la ebriedad pública y controlaba la distribución en los expendios de bebidas alcohólicas.

El historiador Marcos Fernández señala que la ley del alcoholes de 1902 "fue la primera ley que generó un organismo de control respecto al consumo del alcohol y fue uno de los primeros órganos de fiscalización impositiva del país. La creación de la "Administración del Impuesto sobre Alcoholes" creada por la ley se transformaría en lo que hoy conocemos como Servicio de Impuestos Internos" (Los usos de la taberna: Renta Fiscal, combate al alcoholismo y cacicazgo político en Chile: 1870-1930, Revista Historia UC, Nº39, 2006, p.39).

A pesar la regulación, la producción no se vio afectada por las nuevas cargas impositivas ya que gran parte de los gravámenes fueron traspasados a los consumidores y no a los productores, cuestión que tampoco cambiaría en las siguientes reformas y leyes de alcoholes de 1916, 1929 y 1931.

Esta legislación promovió la producción del vino en desmedro de otros alcoholes, debido a los intereses que muchos parlamentarios tenían en las viñas de la zona central. Esto afectó principalmente a la zona de Valdivia, donde se producía cerveza.