Desde los primeros años de la República de Chile hasta el presente, siempre fue necesario recurrir al crédito externo para financiar el Estado y sus inversiones. El primer empréstito, por un millón de libras esterlinas, fue solicitado por Bernardo O'Higgins en 1822. Sin embargo, los problemas para poder pagarlo oportunamente dificultaron el acceso a nuevos créditos hasta mediados del siglo XIX.

A partir de 1858, el Estado de Chile normalizó su acceso a los préstamos internacionales sucediéndose una serie de créditos destinados a financiar los primeros ferrocarriles, obras públicas y la guerra contra España, flujo que fue interrumpido momentáneamente por la guerra del Pacífico. Una vez finalizado el conflicto bélico, la riqueza de la industria salitrera le dio al país una posición muy favorable en el mercado financiero de Londres, tomando el Estado nuevos empréstitos, para reestructurar la deuda vigente en mejores condiciones y emprender nuevas obras públicas como el ferrocarril longitudinal.

En las dos primeras décadas del siglo XX los créditos siguieron fluyendo en forma permanente, interrumpiéndose sólo durante la primera guerra mundial. La mayor parte de ellos continuaron tomándose en Londres a través de la casa bancaria Rothschild, siendo destinados a financiar obras publicas, conversión de deudas y las políticas monetarias. El servicio de esta deuda externa pública pudo ser servida con rigurosidad merced a una balanza de pagos positiva.

Desde mediados de la década del veinte, las favorables condiciones comenzaron a cambiar radicalmente debido a la decadencia de la industria salitrera. La situación empeoró durante el gobierno de Carlos Ibañez del Campo, el cual endeudó excesivamente al país en el mercado bursátil norteamericano para financiar los déficits del fisco, nuevas obras públicas y el servicio de una abultada deuda externa que había aumentado al triple en pocos años. Esto había alcanzado en 1931 a los 496,1 millones de dólares de la época.

El impacto de la Gran Depresión de los años treinta llevó al país a una virtual bancarrota suspendiéndose por varios años el pago de la deuda externa. En 1935, para solucionar el problema, el Ministro de Hacienda, Agustín Ross, ofreció unilateralmente a nuestros acreedores, mediante la Ley Nº 5.580, pagar con las entradas que produjeran el salitre y el cobre. Sin embargo, este servicio de la deuda fue suspendido entre 1939 y 1945 al destinarse los recursos para financiar los planes de reconstrucción y fomento implementados tras el terremoto de Chillán.

En 1948 se reanudó el servicio de deuda externa pública para poder acceder a los créditos del nuevo sistema financiero mundial liderado por Estados Unidos, tras los acuerdos de Bretton Woods. Comenzó entonces un nuevo proceso de endeudamiento destinado a financiar las inversiones y los permanentes déficits fiscales, lo que aumentó la deuda externa pública entre 1948 y 1970, de 295,1 a 2.218 millones de dólares.

A partir de 1975 una nueva política económica de libre mercado se abrió ilimitadamente al flujo financiero internacional, comenzando un sostenido endeudamiento fiscal y privado que permitió un crecimiento económico sostenido en el crédito internacional, pues nuestras exportaciones no conseguían pagar las importaciones. A comienzos de 1980 una recesión internacional suspendió los flujos de capital y el país vivió una grave crisis económica, que obligó a una nueva renegociación de nuestra deuda externa: 8.090 millones dólares de la época. Esta fue realizada con éxito y la notable expansión de nuestra economía, a partir de 1985, ha permitido pagar a nuestros acreedores y volver a ser un cliente solvente en los mercados financieros internacionales.