La propiedad industrial es una herramienta que funciona como un gran incentivo a la innovación y difusión del conocimiento y la tecnología, permitiendo a creadores e inventores apropiarse, gestionar y obtener beneficios económicos de sus creaciones, además de ser fundamental para lograr la diferenciación y el éxito esperado en el mercado. Comprende las Marcas Comerciales, Denominaciones de Origen (D.O.), Indicaciones Geográficas (I.G.), Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, y Esquemas de Trazado o Topografías de Circuitos Integrados.

La historia de la propiedad industrial comenzó en Chile hacia 1833. Ese año la Constitución Política del Estado garantizó a autores e inventores la propiedad exclusiva de sus descubrimientos y producciones. Luego, surgiría un primer esbozo de institucionalidad en esta materia, al fundarse en 1838, la Sociedad Nacional de Agricultura y Colonización, organismo que se haría cargo del registro de marca.

En 1840 entró en vigencia un Decreto Ley sobre patentes de invención, en tanto que, el 5 de octubre de 1840, se concedió la primera patente de invención a Andrés Blest, quien introdujo en Valparaíso "un método para hacer ron en Chile".

En las décadas de 1850 y 1860, el crecimiento económico estuvo directamente relacionado con la exportación de trigo, harina, plata y cobre. Con la estabilización de las finanzas públicas los ingresos fiscales crecieron de manera significativa y por primera vez tras la independencia, permitieron la modernización de la infraestructura productiva y de transportes de las zonas norte y central de Chile. El registro de patentes tampoco estuvo ajeno a esta dinámica económica, así el 14 de diciembre de 1855, se promulgó una nueva norma de protección industrial en el Código Civil: "las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores" y que "esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales". La nueva lógica mercantil impulsó la apertura hacia otros mercados lo que demandó avances en navegación, infraestructura y tecnologías más avanzadas para la explotación de yacimientos mineros, cultivo de tierras y crianza de ganado; esto acrecentó la necesidad de una legislación que abarcara el espacio rural, a fin de fomentar la aplicación de conocimientos científicos en el ámbito industrial.

Entre la Guerra del Pacífico (1879 y 1884) y la Gran Depresión de 1929, comúnmente llamada la "Era del Salitre", el sector agrícola experimentó un cierto retraso tecnológico, no obstante diversificó su producción. Para impulsar el desarrollo de la mecanización agrícola, en 1869 se refundó la Sociedad Chilena de Agricultura.

Durante el gobierno de Federico Errázuriz Zañartu se llevaron a cabo una serie de reformas constitucionales que afectaron a la protección jurídica de las marcas comerciales: el Proyecto de Ley presentado, en 1874, por la Sociedad Nacional de Agricultura referido a la protección jurídica de los signos distintivos de manufacturas y servicios mediante el uso de derechos exclusivos de los titulares. En 1877, se registró la marca Santa Rosa de Los Andes, que es la más antigua conservada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Los registros que le siguieron hasta alrededor de 1879 correspondieron a productos de variada índole; en tanto que los primeros productos que utilizaron marcas surgieron casi al mismo tiempo que los anuncios basados en invenciones.

Terminada la Guerra del Pacífico, se produjo una proliferación de marcas comerciales que acercaron a los sectores más urbanos de la población chilena a una nueva dimensión de la experiencia del consumo: el relato mercantil.

En el último tercio del siglo XIX, la economía mundial ingresó en una nueva fase tecnológica a causa del aceleramiento de la investigación científica y las invenciones; comienza así la era del petróleo y la electricidad.

Las celebraciones del centenario de la República, trajeron nuevo escenario comercial, surgieron bienes materiales de consumo masivo que fueron adquiridos por los diferentes estratos sociales.

Hacia 1925, se registró, el primer modelo industrial en Chile, un "envase para transportar huevos". Ese mismo año, el Decreto Ley N° 588 se constituyó como el primer texto de Ley de Propiedad Industrial, estableciendo alcances para patentes de invención, marcas comerciales y modelos industriales; no obstante fue en 1931, al ser refundido se articuló como el texto definitivo en materia de Propiedad Industrial.

La década del cincuenta, se inició en materia de Propiedad Industrial en el año 1953, con la reorganización del Ministerio de Economía, y sus cuatro nuevos departamentos, uno de ellos, el Departamento de Industrias que tendría a su cargo los asuntos relativos a Propiedad Industrial a través de sus unidades: Oficina de Patentes de Invención y la Oficina de Marcas.

Esta división no duró mucho tiempo, ya que hacia 1960 ese mismo ministerio y la Subsecretaría de Comercio e Industrias, pasarían a llamarse Ministerio y Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; además, se creó de la Dirección de Industrias y Comercio (Dirinco, antecesora del actual Servicio Nacional del Consumidor. Además, mediante la Resolución N° 299 de 1966, se creó el Departamento de Propiedad Industrial.

Hacia 1968, a través del Decreto Supremo N° 914, el Ministerio de Economía traspasó la concesión de patentes de invención a la Dirinco, sin embargo en 1969, estas facultades son traspasadas al Departamento de Propiedad Industrial.

En 1971, Chile adoptó la clasificación Internacional de Productos y Servicios para Registro de Marcas, establecida por el arreglo de Niza, de 1957.

El período entre 1990 y el año 2000, encuentra sus hitos en 1991 y 1994, el primero vinculado a las competencias del Departamento de Propiedad Industrial y al Convenio de París; en tanto que el segundo refería al Acuerdo de Marrakech.

El siglo XXI, comienza con el ingreso al Congreso del proyecto de ley que crea el Instituto de Propiedad Industrial.

Los tiempos y las instituciones han cambiado y actualmente, lo que antes se consideraba un privilegio, es hoy un derecho que es sancionado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que entró en funcionamiento en el año 2009.

Basado en el libro: Historia Gráfica de la Propiedad Industrial en Chile, en el marco del Convenio de Cooperación entre el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y la Biblioteca Nacional de Chile.