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Informes sobre el estado de las escuelas públicas por la comisión formada a partir del decreto supremo dictado 24 de mayo de 1898

En 1860, se promulgó la Ley General de Instrucción Primaria, primer documento oficial dedicado exclusivamente a la educación. En esta ley se estableció, entre otros asuntos: el rol regulador del Estado; la gratuidad de la instrucción primaria; la creación de escuelas normales para la formación de preceptores y preceptoras; y la formación de una inspección que vigilaría el funcionamiento de los establecimientos de educación, compuesta por un Inspector General y un visitador "para cada una de las provincias del Estado" ("Lei de Instrucción Primaria". Boletín de las principales leyes y decretos vijentes dictadas desde Enero 1o. de 1860 hasta Enero 1o. de 1871: y recopiladas por orden de materias. Valparaíso: Impr. del Mercurio, 1871, p. 490-493).

El rol que ejercían los visitadores de escuelas permitió que el Estado se informara de la situación de los colegios y, a su vez, los encargados de las escuelas comunicaran los problemas que tenían para el desarrollo de las clases. En este contexto, en el año 1898, el Ministro de Instrucción Pública, por decreto promulgado el 24 de mayo, solicitó la realización de un informe que evaluara el estado de las escuelas de Santiago con el fin de conocer su número, ubicación, el monto del arriendo de sus instalaciones, la higiene y comodidad de los edificios y las medidas que se estimaran "oportunas para mejorar el servicio de instrucción primaria y para hacer eficaz la inspección del preceptorado" (Informe presentado al señor Ministro de instrucción pública por la comisión nombrada en 24 de mayo de 1898 para estudiar la organización de las Escuelas de Santiago. Santiago: Imprenta Nacional, 1898, p. 3).

Este informe fue preparado por una comisión conformada por Abraham Ovalle (1860-?), Eduardo Mac-Clure (1850-1901), Joaquín Fernández Blanco (1858-1924), Roberto Meeks (1850-1924) y Fanor Velasco (1848-1907), quienes visitaron 98 escuelas desde el 31 de mayo al 26 de julio de 1898.

Entre los resultados que arrojó la comisión, en primer lugar, se informó sobre los problemas de infraestructura de varios de los establecimientos visitados, haciendo énfasis en el precio excesivo de los arriendos, por lo que se propuso que este proceso se realizara por licitación pública. En segundo lugar, atendiendo a la efectividad del trabajo mismo de los visitadores, se consideró necesario que sus visitas fueran más cortas y frecuentes, con el fin de mantener un control en el tiempo. Sobre el desarrollo de las clases, se indicó que existía carencia de materiales para trabajar los conocimientos aplicados (artes manuales o educación física, por ejemplo) y que los programas de instrucción primaria no se seguían rigurosamente, a pesar de la buena formación que tuvieran preceptores y preceptoras.

Hacia el final del informe, se indicó que parte de los miembros de la comisión presentarían al ministro, por separado, algunos aspectos que les parecieron relevantes luego de su evaluación. Entre estos, Fanor Velasco presentó un informe fechado el 22 de agosto de 1898, en el que propuso que la municipalidad debía ser la institución que nombrara y despidiera a los preceptores; facultad que hasta entonces dependía del poder ejecutivo. Esta situación, según la estimación de Velasco, provocaba demoras que afectaban el desarrollo de las clases y, en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes.