En las últimas dos décadas la demanda de energía aumentó sostenidamente debido al crecimiento de la economía, obligando al sector eléctrico privado a duplicar la potencia eléctrica, modernizando su capacidad de generación y distribución. Es así como, en la primera mitad de la década de los noventa, se incorporaron al sistema 1.581.000 kW de potencia eléctrica, mediante la puesta en funcionamiento de grandes centrales hidroeléctricas: Canutillar de 145.000 kW, Alfalfal de 160.000 kW, Pehuenche de 500.000 kW, Curillinque de 85.000 kW y Pangue de 467.000 kW. Asimismo, se logró consolidar una integración económica con Argentina que hizo posible construir gasoductos para traer gas natural desde el vecíno país, destinado a las nuevas centrales termoeléctricas de ciclo combinado: Nueva Renca, con una capacidad de 397.000 kW, Nehuenco de 370.000 kW, San Isidro de 370.00kW, Taltal de 244.000 kW y Nehuenco 9B de 108.000 kW perteneciente a Colbún S.A. El aporte de estas centrales de ciclo combinado, más los aportes de nuevas plantas de generación hidráulica, permitió aumentar la potencia instalada en 1.902.500 kW, entre 1990 y el 2002.

De esta manera, el país ha diversificado su matriz de generación eléctrica haciéndola más independiente de los fenómenos climáticos, para que, durante los años secos no sea necesario recurrir a los racionamientos. La introducción del gas natural permitió sortear con éxito la sequía de 1998-1999, pero la incertidumbre producida con los recortes en el suministro del gas natural desde Argentina, han dado una señal de alerta respecto a la seguridad del suministro futuro, poniendo de manifiesto la necesidad de diversificar el suministro de gas natural, de ampliar las fuentes de energía natural para producir electricidad y de explotar los recursos hídricos de la zona austral para generación de electricidad.

Sin embargo, ésta última opción es fuertemente resistida por las comunidades indígenas y los medioambientalistas pues la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas implicaría la inundación de extensas áreas de bosque nativo y la expulsión de los pehuenches de sus tierras originarias, como fue el caso de la central Ralco en el Alto Biobío. Esta situación ha puesto en evidencia la contradicción entre satisfacer la sostenida demanda de energía o respetar al medio ambiente y a las comunidades indígenas.