El diseño y puesta en marcha de las distintas instituciones de bienestar social a partir de 1920, significió un fuerte y sostenido aumento del gasto social, es decir, la cantidad de recursos económicos que el Estado destinaba en sus presupuestos al financiamiento de las necesidades de educación, salud, vivienda y previsión social de los sectores más desposeídos de la población nacional.

De esa forma, entre 1920 y 1930, el gasto social aumentó de un 1% del producto interno bruto (PIB) a un 2,7%, representando, en relación al total de los gastos del Estado, un crecimiento desde un 6.6% a inicios de 1920 hasta un 18% diez años más tarde. Para 1945 el porcentaje de los gastos del Estado que se dirigían a las áreas de bienestar social alcanzaba al 28% del total, cifra que en 1965 superaba el 45% y tocaba un techo máximo en 1972 con un 52%.

La distribución de estos dineros se destinaba a resolver las carencias de infraestructura, cobertura y calidad de las distintas áreas de atención social, variando la participación de cada una de éstas en el curso del período. Así, del gasto social del año 1945, casi la mitad fue destinada a educación, seguida por previsión con más del 25%, vivienda con 13,6% y salud con 12,1%. Para 1965, por su parte, los destinos de este dinero se distribuían en poco menos de 40% para educación, 22% para previsión social, 22% para salud y 16% para vivienda. Al finalizar el período, el aporte directo del Estado a la educación bordeaba el 37% del gasto social total, en tanto que los recursos dedicados a la previsión se acercaban al 30%, los de salud superaban el 18% y aquellos invertidos en vivienda llegaban a 14.3%.