En la década de 1920 Chile inició una importante crisis a nivel político, potenciada por los vaivenes de la economía nacional, dependiente del comercio exterior y de las exportaciones, principalmente de materias primas como el salitre o el cobre. Durante el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma (1868-1950) sucedieron varios episodios de conflicto social y político, puesto que la sociedad chilena se tensionó debido a la presión ejercida por la clase trabajadora y los sectores populares, a través de un movimiento social empoderado por los inicios del sindicalismo y agobiados por las malas condiciones laborales y de vida en general, junto con una ascendente clase media que comenzó a disputar el mercado, el poder político y el control estatal a la oligarquía tradicional.

Así, aparecieron organizaciones sindicales y gremiales como la Federación Obrera de Chile (FOCH), grupos anarcosindicalistas y libertarios afiliados a la Industrial Workers of the World (IWW) y los primeros partidos de la clase trabajadora como el Partido Comunista; reapareció la influencia de la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería y se fundó la Confederación de la Producción y el Comercio por parte del empresariado nacional; se fortalecieron los partidos de la clase media como el Partido Radical y el Partido Democrático; y entraron en crisis los partidos Liberal y Conservador.

Esta crisis de inicios de siglo dio como resultado la renuncia de Alessandri a la presidencia en 1924, el alzamiento del Ejército y la aparición de figuras caudillistas como Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960), y la promulgación de una nueva Constitución Política en 1925, lo que redundó en el fin del Parlamentarismo y el inicio de un nuevo periodo republicano, marcado por los golpes de estado, el presidencialismo y la inestabilidad política de la década de 1930.

Tras el proceso constituyente, que rescató de la crisis a los partidos y sus representantes parlamentarios y que sirvió a grupos militares para justificar su intervención y golpes de Estado, se generaron episodios disruptivos. El primero de estos fue la dictadura de Ibáñez (1927-1931), que reprimió a los movimientos sociales y partidos contrarios a su gestión e intentó una política de "salvación y unidad nacional", la que apeló al apoyo de los partidos y de los trabajadores sindicalizados, en pos de la recuperación de la estabilidad institucional y económica a partir de un "estatismo productivista y desarrollista".

Ibáñez gobernó a partir de una ideología propia, denominada de diversas formas: "populismo ibañista", "nacionalismo industrial" o "modernización autoritaria", definidos así por su discurso de cooptación social y su política económica de desarrollo nacional "hacia adentro", tendiente a la intervención estatal, la industrialización, la promulgación de leyes social-laborales y el desarrollo de políticas de bienestar, combinado con una fuerte persecución política y el ejercicio de la violencia de Estado. Esto significó el desarrollo de la industria y de las ciudades más importantes, con la finalidad de reabsorber la mano de obra y re-ordenar a la sociedad chilena desde una perspectiva productivista y nacionalista, con una visión ideológica donde la conjunción de los gremios empresariales y los sindicatos influenciados por el gobierno era fundamental. En definitiva, fue la búsqueda de una armonía social dirigida desde la institucionalidad estatal a través del corporativismo (De Ramón, Armando. Historia de Chile. Desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000). Santiago: Editorial Catalonia, 2018, p. 128).

Su caída en 1931 se produjo por el mal manejo de la crisis económica, la presión social de obreros, clase media, estudiantes y organizaciones democráticas organizadas en el país y en el exterior por figuras como Alessandri, Pedro Aguirre Cerda (1879-1941) y algunos generales como Marmaduke Grove (1878-1954), contrarios a Ibáñez y que fueron desvinculados del Ejército.

Luego de la renuncia y autoexilio de Ibáñez, este fue reemplazado por Juan Esteban Montero (1879-1948), militante radical que fue ministro de Interior y Bienestar Social en el denominado "Gabinete de Salvación" o "Gabinete de la Libertad", junto al ministro de Hacienda Pedro Blanquier Teylletche (1885-1949). Tras el llamado a elecciones, Montero fue electo como candidato de la unidad nacional formada por liberales, radicales y conservadores, y derrotó a Alessandri y a los comunistas Manuel Hidalgo (1878-1967) y Elías Lafertte (1886-1961). Como ministro y vicepresidente, Montero fue artífice de la mayoría de las políticas tendientes a recuperar las libertades civiles en el país, aunque tuvo que lidiar con Ibáñez y luego reprimir la sublevación de la Armada, apoyada por el Partido Comunista y la FOCH. Como presidente intentó llevar a cabo un programa de recuperación nacional muy cercana al liberalismo parlamentario de las décadas anteriores, lo que le valió las críticas de los partidos y de la sociedad chilena en general.

Montero fue derrocado por el movimiento político, militar y social que dio el golpe de estado el 4 de junio de 1932 e instaló la "República Socialista", que gobernó de manera inestable "con cuatro juntas de gobierno (4 de junio al 8 de junio de 1932) y tres presidentes provisionales de la república (del 8 de julio al 24 de diciembre de 1932). El 30 de octubre tuvieron lugar comicios presidenciales en los cuales fue elegido por mayoría absoluta el ex presidente Arturo Alessandri" (De Ramón, p. 132).

Alessandri dio cierta estabilidad al país y reaticuló el proyecto político de la oligarquía y la clase media liberal, logró un acuerdo de restauración nacional y utilizó una fórmula que mezcló políticas liberales con los avances desarrollistas anteriores, lo que conformó, a través de las instituciones estatales reformadas por la Constitución de 1925, una nueva forma de Estado interventor y mediador, "(…) una enorme "máquina" no sólo de tipo productivista sino además "populista". (…) un Estado Empresario, Desarrollista y Social-Benefactor. Para lo cual no fue necesario (…) reformar la Constitución de 1925. Bastó para ello apostar, no a la legitimidad ciudadana, sino a la sola legitimidad de la ley" para lo cual se ganó la simpatía de los partidos políticos tradicionales de centro-derecha, dio un giro ideológico y logró mayoría en el Congreso, el que aprobó la generalidad de sus medidas (Pinto, Julio y Salazar Gabriel. Historia contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía. Santiago: LOM, 2018, p. 47).

Durante sus años de gobierno debió lidiar con protestas obreras y de los sectores populares, y con los reclamos constantes del empresariado nacional frente a lo que consideraron políticas económicas favorables a las inversiones extranjeras, como en el caso de la creación de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo; el proceso de centralización y nacionalización de la Empresa Nacional de Electricidad a través del polémico convenio Ross-Calder; y la negociación de la deuda externa con Europa y Estados Unidos (De Ramón, p. 137-138). Igualmente, reprimió diversas manifestaciones y levantamientos populares, siendo los más destacados el levantamiento de inquilinos de Ranquil en julio de 1934, que terminó con varios muertes y heridos, denominada posteriormente como la "matanza de Ranquil"; y, también, la "matanza del Seguro Obrero", intento de golpe que fue reducido con violencia y que le costó la candidatura presidencial a Gustavo Ross Santa María (1879-1961) y de Ibáñez que había vuelto al país.

Una de las herramientas que dio estabilidad política al segundo gobierno de Alessandri y que le permitió terminar su mandato, fue su apoyo a la conformación de las Milicias Republicanas, cuerpos de civiles armados organizados por Eulogio Sánchez Errázuriz (1903-1956) y que se enfrentaron constantemente a grupos de izquierda. Sánchez luego fundó el Partido Acción Nacional de corte nacionalista y derechista, que apoyó a Alessandri en su último periodo de gobierno. También sumó el apoyo de Óscar Novoa (1886-178), a quien nombró Comandante en Jefe y le ayudó con el control de los elementos militares politizados, cercanos a las ideas de izquierda, de derecha, nacionalistas e incluso "ibañistas", todos con propósitos intervencionistas. Con esto, Alessandri aseguró al Ejército y evitó nuevos golpes de Estado y sublevaciones, mientras que reprimió a los movimientos sociales más activos apoyados por socialistas y comunistas, a los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) y otras organizaciones de trabajadores, movimientos de pobladores y de campesinos.