Los conservadores acusaban al régimen pipiolo de haber mermado el principio de autoridad. Consideraban que el establecimiento de sucesivos gobiernos a partir de 1826 y la promulgación de diversas cartas constitucionales, había deteriorado la obediencia hacia la máxima magistratura. Por esta razón, una vez llegados al poder, se propusieron devolver el respeto a las instituciones, con el fin que éstas fuesen inamovibles.

El 18 de septiembre de 1831, día en que se conmemoraba la instalación de la Primera Junta de Gobierno, Joaquín Prieto fue recibido como presidente electo. Con el fin de restituir el respeto hacia el poder público, se preparó un solemne ceremonial, en donde el gobernante juró ante las dos cámaras legislativas, hacer cumplir la constitución del Estado. A partir de entonces, y durante todo el siglo XIX, esa fecha se convirtió en el día oficial del cambio de presidente.

En cuanto a sus atribuciones, la Constitución de 1833 confirió al presidente amplias facultades para gobernar. Mientras el parlamento se encontraba en receso, el primer mandatario podía declarar estado de sitio en cualquier parte del país, lo que implicaba la suspensión de las garantías constitucionales. Asimismo, contaba con una clara supremacía sobre el poder legislativo, pues podía vetar cualquier ley emanada de él. Además, contaba con la facultad de apresar, relegar y desterrar a los sospechosos de promover disturbios y conspiraciones contra el gobierno.

La estabilidad lograda durante la administración de Prieto fue a costa de un sistema que hizo prevalecer la fuerza implacable y discrecional de la autoridad ejecutiva, por sobre cualquier otro principio.