Pese a que la masacre de Iquique quedó impune en términos judiciales y tampoco hubo una autoridad que asumiera su responsabilidad política, los hechos no pasaron inadvertidos para la clase dirigente y la opinión pública de principios de siglo.

La consecuencia inmediata fue el inicio de una fase de desarticulación del movimiento sindical, a consecuencia del ambiente de represión y control policial que siguió al trágico fin del conflicto.

Pero paralelamente se fue abriendo paso una mayor sensibilidad hacia las demandas de los trabajadores, lo que se tradujo en frecuentes estudios y reportajes en la prensa sobre las condiciones sociales del pueblo. Aunque las propuestas de legislar sobre temas laborales se habían iniciado antes de 1907, fue en los años siguientes que se aceleró la tramitación de los proyectos en el Congreso, en particular a mediados de la década siguiente. Un factor que ayudó en esta misma dirección fue la creciente politización que experimentó el movimiento popular con lo que adoptó variadas formas de negociación y mecanismos cada vez más efectivos de presión sobre los poderes públicos y el empresariado.