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Políticas educacionales

Miguel Luis Amunátegui fue uno de los intelectuales más destacados en materia de educación durante la segunda mitad del siglo XIX. Habiendo sido profesor del Instituto Nacional y de la Universidad de Chile, mantuvo una preocupación constante por la instrucción pública, la cual era, a su juicio, una de las principales herramientas para lograr el progreso de la nación y la formación de ciudadanos capaces de afrontar las responsabilidades propias de la vida republicana.

Su primera obra en esta materia fue una investigación realizada en conjunto con su hermano Gregorio Víctor en 1856, titulada De la instrucción primaria en Chile: lo que es, lo que debería ser. El trabajo de los hermanos Amunátegui fue ganador de un concurso organizado por el gobierno de Chile, que convocaba a autores chilenos y extranjeros a presentar una investigación sobre la instrucción primaria. La obra de los Amunátegui salió victoriosa frente a contendores de la talla de Domingo Faustino Sarmiento. Una de las medidas que este libro proponía era la fundación de sociedades privadas que tomasen a su cargo parte de la difícil tarea de expandir y financiar la instrucción primaria, puesto que era casi imposible que el gobierno la desempeñase por sí solo completa o satisfactoriamente. Consecuente con sus ideas, Miguel Luis Amunátegui fundó junto a algunos de sus amigos la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago en 1856, que continúa funcionado en la actualidad.

La actividad de Amunátegui entorno a la educación no se limitó tan sólo a sus labores como profesor y a sus investigaciones como intelectual, sino que además luchó por instalar políticas públicas y reformas en torno a esta materia, a través de los diversos cargos públicos que ocupó a lo largo de su vida. Como Secretario General de la Universidad de Chile defendió siempre la existencia del Estado docente y la necesidad indeclinable de difundir la instrucción gratuitamente. Durante su desempeño como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública entre los años 1876 y 1878, suprimió el estudio obligatorio del latín en los liceos, facultando a los estudiantes a reemplazar el aprendizaje de aquella antigua lengua por el de dos idiomas vivos. Antiguo profesor de latín, admirador entusiasta de la literatura clásica, Amunátegui creía sin embargo que el conocimiento de ese idioma ya no era indispensable para el ejercicio de las profesiones literarias y científicas.

Pero quizás las políticas más destacadas durante su ejercicio como ministro fueron aquellas destinadas a ampliar y mejorar la educación femenina. En este sentido, organizó en Santiago y Valparaíso escuelas talleres, estimuló la fundación de liceos o colegios de instrucción secundaria para mujeres, y a través de un decreto del 6 de febrero de 1877, permitió que las mujeres pudiesen ser admitidas a rendir exámenes válidos para optar a títulos profesionales, siempre y cuando se sometieran a las mismas condiciones que los hombres. Gracias al llamado "Decreto Amunátegui" las mujeres chilenas pudieron por primera vez ingresar a las universidades y desarrollarse en el ámbito profesional.

Durante toda su vida Amunátegui abogó por la instrucción pública gratuita, la cual según él debía extenderse no sólo a las escuelas primarias, sino también a la educación secundaria y superior. Creía que el deber del Estado era no sólo formar a personas competentes, capaces de ejercer una carrera que les proporcione medios de subsistencia, sino que además formar ciudadanos que pudieran ejercer su libertad de manera acertada. En este sentido, tenía la profunda convicción de que la educación no debía dejarse en manos de la iniciativa individual o privada, pues era tarea del Estado velar por el progreso moral de sus ciudadanos. La iniciativa privada tendía a estancar la educación, de lo cual eran prueba los años del coloniaje, periodo durante el cual la educación dependía de instituciones privadas: "¡Ay de las repúblicas hispanoamericanas el día en que la instrucción secundaria y superior fuera retribuida por los estudiantes! Es evidente que los pobres no recibirían instrucción, o la recibirían con cierta mengua, si el Estado exigiera a la puerta de sus establecimientos una remuneración pecuniaria. La aristocracia del oro y de la plata sería la única que pudiera instruirse; y desde entonces ella imperaría por un doble motivo, dando origen a un atraso sin remedio y a convulsiones sin cuento (...) En tal evento, las clases que dividen a las antiguas colonias españolas, esto es, la de los instruidos y la de los ignorantes, se convertirían en verdaderas castas. No existe otro medio de asociarlas y fundirlas, que la escuela, el colegio, la universidad, en que haya maestros, muchos maestros, y ningún recaudador". (Amunátegui, Miguel Luis. Estudios sobre instrucción pública, vol. 1, p. 207).