Ya para el año 2005, se había creado la Gaceta semanal del la Propiedad Industrial y la normativa chilena fue adecuada a las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Marrakech. De acuerdo con esto se incorporaron: dibujos industriales, esquemas de trazado, indicaciones geográficas y denominaciones de origen; se instituyó un nuevo tribunal de Propiedad Intelectual y se legisló sobre la información no divulgada. Al mismo tiempo, se incorporó un capítulo de Observancia que agiliza procesos y aumenta penas.

La importación de softwares, las asesorías tecnológicas y las patentes provenientes del extranjero fueron materia de la Ley N° 19.996 promulgada en el año 2007. Asimismo, entró en vigencia una segunda reforma a la Ley N° 20.514 que adecuó la Ley de Propiedad Industrial a los compromisos derivados de los diferentes Tratados de libre Comercio suscritos en los últimos años, para estos efectos, se incorporaron: marcas colectivas y de certificación, y se aclaró la situación de la posibilidad de registro de marcas sonoras. Desde enero de ese año, se reactivó la discusión del proyecto que crearía el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el que se vería completamente realizado en enero del año 2009 al entrar en funcionamiento.