Una alarma ambiental nacional

En el siglo XIX los científicos comprobaron que la deforestación era la principal causa de la erosión de suelos, pues el bosque es una defensa natural que amortigua la acción de la lluvia, el viento y los cambios atmosféricos e impide el arrastre de la capa vegetal hacia los ríos y el mar.

En el caso de América, el interés de los conquistadores españoles por mantener en los nuevos territorios el cultivo y la crianza de los alimentos consumidos en Europa motivó, a partir del segundo viaje de Colón, el traslado de hortalizas, cereales y animales al nuevo mundo. Estas especies arraigaron rápidamente en las regiones de clima mediterráneo o semiárido como el norte chico y la depresión central de Chile.

La notable aclimatación del trigo permitió que durante el siglo XVIII se iniciaran los envíos del cereal chileno al mercado limeño. Posteriormente, en la medida que las exportaciones agropecuarias chilenas se insertaron en los circuitos comerciales internacionales, fue surgiendo la necesidad de ampliar la frontera agrícola para incorporar nuevas tierras de la cordillera de la costa para la producción de trigo. En este contexto, se despejaron mediante el roce, miles de hectáreas de bosques y ecosistemas nativos para permitir el paso del arado y con ello el cultivo de la tierra.

Con la incorporación de las regiones de la Araucanía y Los Lagos a la estructura económica de Chile, la destrucción de los bosques adquirió el carácter de un problema nacional que se intentó resolver mediante la Ley de corta de bosques de 1872. A principios del siglo XX, Federico Albert advirtió sobre la urgente necesidad de detener los roces y realizó experimentos forestales para interrumpir el avance de las dunas en Chanco, producidas por el arrastre del suelo descubierto de su capa vegetal protectora y a merced de las aguas lluvias.

La erosión pasó a ser un problema constante en la primera mitad del siglo XX. La decadencia del ciclo exportador de trigo fue explicada, entre otros factores, por el agotamiento de la fertilidad de los suelos pues los rendimientos de trigo por hectárea eran cada vez menores. Entre las décadas de 1940 y 1960 los agrónomos del país advertían que la vida de la nación estaba en peligro y que era urgente un plan de conservación de suelos.

Desde entonces se escribieron en Chile numerosos documentos y artículos llamando la atención sobre este flagelo. Estos estudios y el contexto de alarma que existía por la destrucción ambiental del país permitieron que el eminente ecólogo italiano Francesco Di Castri señalara en 1964 que en pocos países era posible observar semejante extensión e intensidad de los fenómenos de degradación irreversible de los recursos; los bosques se estaban destruyendo con escaso aprovechamiento, y a un ritmo que permitía pronosticar un desierto en un plazo relativamente breve: la mayoría de las especies autóctonas estaba en vías de extinción; praderas y estepas naturales se estaban agotando, y finalmente, como consecuencia última de estos desequilibrios, la erosión estaba amenazando la mayor parte del territorio nacional.

Como respuesta a la erosión de los suelos y acorde a las tendencias internacionales se planteó una política de plantaciones forestales, basada en una serie de incentivos tributarios o bien en subsidios directos del Estado como lo estableció el Decreto de Ley 701 de 1974. Hacia el año 2000 había en el país más de dos millones de hectáreas plantadas con pino insigne y eucaliptos. Sin embargo, desde la década de los ochenta del siglo XX, los sectores preocupados por la conservación de la naturaleza criticaron las plantaciones pues, a su juicio, se estaba sustituyendo lo que quedaba de bosque nativo por forestaciones uniformes que tenían impactos negativos sobre el medio ambiente.