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La resistencia a la dictadura y la renovación socialista

Durante la dictadura militar (1973-1989) dirigida por Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006), muchos líderes y militantes socialistas fueron encarcelados, desaparecidos o exiliados.

La coyuntura represiva llevó a quienes permanecieron en contacto con el partido, desde el exterior o mantuvieron su vigencia en la clandestinidad, a pensar nuevas ideas y estrategias políticas para, por un lado, derrocar a la dictadura, y por otro, renovar el sustrato ideológico de una militancia que entendió el término del gobierno de la Unidad Popular cono un fracaso y una derrota política y social. Además, la nueva estructura y modelo social, político y económico que imperó en el país desde 1974, desarticuló a las organizaciones populares, al movimiento de pobladores y al sindicalismo, lo que acabó con la base social en la que se respaldó el Partido Socialista desde sus origenes.

En ese primer momento de dispersión se realizaron diferentes análisis respecto a la experiencia de la Unidad Popular, donde tuvo mayor fuerza la crítica expuesta por la Dirección Interna, que planteó "una deficiencia en la dirección política: no hubo homogeneidad conceptual y estratégica para enfrentar las reacciones de la derecha. (…) uno de los principales errores fue la desconfianza de la Unidad Popular y del gobierno en la capacidad de las masas. Lo anterior produjo que la conducción del proyecto fuera asumida por, lo que ellos denominaron, la "pequeña burguesía oportunista" que incurrió tanto en desviaciones reformistas como ultraizquierdistas" (Roja, Mauricio. "La evolución política del Partido Socialista de Chile durante la primera parte de la dictadura (1973-1979)". Revista Divergencia, número 5, año 3, Valparaíso enero-julio 2014, p. 12).

Esa fue la línea argumentativa del Documento de marzo de 1974, que señaló la necesidad de mantener las organizaciones populares activas frente al repliegue de fuerzas que significó el golpe militar y la represión. Junto con aquello, planteó que "las tareas del movimiento popular deben estar sólidamente fundamentadas en el análisis de la situación política nacional y su marco externo. Deben considerarse el carácter de la contrarrevolución y de su régimen militar, su capacidad de consolidación, y sus factores de debilidad, sus contradicciones internas y las tendencias previsibles en su política. (…) La aplicación consecuente y creadora del marxismo-leninismo, el estudio concienzudo de las condiciones concretas de nuestra realidad política, social y económica, la consideración de la experiencia de estos últimos tres años, y el ejercicio de una vocación histórica de conquista del poder por la clase obrera, son los factores que hacen posible definir una correcta línea política" (Comité Central del Partido Socialista de Chile. Documento de marzo, Santiago, 1974. En Núñez, Ricardo, prologuista y Witker, Alejandro, compilador. Historia documental del PSCH: 1933-1993: signos de identidad. Concepción: IELCO-CHILE, 1993, p. 191-192).

En ese mismo documento se realizó un análisis sobre la influencia del imperialismo en el país y su oposición a la UP, un balance del gobierno, las estrategias que utilizó la "contrarrevolución" para debilitarlo, los elementos de solidaridad y apoyo internacional al pueblo chileno, entre otros. Respecto de las debilidades del gobierno de Salvador Allende Gossens (1908-1973), el documento expresó que la derrota político-militar se debió a la "incapacidad de usar la fuerza que se tenía y evitar el aislamiento progresivo de la clase obrera (…). No había hegemonía de la clase obrera en el frente (...), no se consiguió evitar el aislamiento buscado por el enemigo, no hubo capacidad de autocrítica y corrección oportuna de los errores, no hubo capacidad para retomar la ofensiva, no hubo línea política clara, confundiéndose diversas orientaciones y matices que no hacían sino reflejar la presión de las tendencias pequeñoburguesas, disparadas hacia el evolucionismo, conciliación sin principios, el aislamiento o el extremismo anárquico. La ausencia de unidad en torno a una estrategia única del movimiento popular, orientada por la clase obrera como fuerza dirigente" (Comité Central, p. 198).

Se criticó también la incapacidad del gobierno de controlar la insistencia de los grupos políticos más recalcitrantes por acelerar los procesos de cambio y la imposibilidad de conciliar a las diferentes almas políticos de la coalición; la incapacidad de conciliar posturas político-económicas con las asociaciones gremiales; y, uno de los puntos más importantes, fue el "problema del enfrentamiento de clases y la violencia revolucionaria", puesto que "se sembraron ilusiones en el desarrollo pacífico y evolutivo del proceso y cundió también el verbalismo insurreccionalista, que reducía el problema de la revolución a meras situaciones de enfrentamiento. (…) Se debía estar alerta y contar con la fuerza necesaria, para imponer la voluntad mayoritaria del pueblo y consolidar el proceso revolucionario en todos los terrenos, incluyendo el enfrentamiento directo" (Comité Central, p. 199). En definitiva, el gobierno de la UP no tuvo tampoco la capacidad de sumar mayor adhesión de las Fuerzas Armadas al proceso, y se culpó también al MIR y otras organizaciones de "infantilistas" respecto de su discurso antioligárqucio y antimilitarista, el que habría permitido el llamado al golpismo.

Finalmente, el Documento, al ser un texto escrito algunos meses después del levantamiento militar y golpe de Estado, continuó con la tesis del contexto previo, es decir, el movimiento revolucionario, porque "la estrategia de la clase obrera debe considerar la dictadura del proletariado, la revolución socialista, como su programa máximo, y definir un programa inmediato de acuerdo al obstáculo principal que se necesita superar para avanzar hacia la construcción del socialismo. (...) La revolucion chilena sigue teniendo un carácter fundamentalmente democrático, antiimperialista y antimonopólico, de tipo muy avanzado y popular. (...) El derrocamiento de la dictadura y la destrucción del Estado fascista se convierten en el objetivo principal frente al cual el proletariado debe acumular todas las fuerzas posibles, explotando minuciosamente todas y cada una de las contradicciones existentes entre los enemigos principales y el resto de las clases, capas y fracciones de clase" (Comité Central, p. 207).

Entre 1973 y 1979 fueron varias las facciones que se formaron al interior del socialismo chileno. Estos fueron la propia Dirección Interna, compuesta por la dirigencia nombrada en 1971, de cierta raigambre leninista y que plantearon la tesis del partido único para liderar el proceso de la Unidad Popular, postura que mantuvieron en el caso de la resistencia a la dictadura; la Dirección para el Consenso, aparecida en 1974 con la finalidad de organizar el partido en la clandestinidad; el Movimiento Revolucionario Manuel Rodríguez, cercanos ideológicamente al "castrismo" y el "guevarismo" cubanos, defensores de la idea de la liberación de los países latinoamericanos bajo regímenes dictatoriales a través de la insurrección armada y de la movilizaicón de masas; la Coordinadora Nacional de Regionales, que se encargó de organizar a las facciones regionales del partido que quedaron descabezadas tras el golpe de Estado; el Movimiento Acción Socialista, caracterizado por su tendencia a la unificación y contrario al pesimismo de los exiliados en Europa y otra spartes del mundo; y la Tendencia Humanista, alejados del resto de facciones, contrarios a la tesis revolucionaria y de acción directa contra la dictadura, de carácter más moderado en su análisis del fracaso.

Durante ese periodo de fragmentación político-ideológica del PSCH aparecieron dos grandes corrientes de pensamiento: "la primera era liderada por Carlos Altamirano, que asumía una posición autocrítica y una postura de revalorización de la democracia, de entendimiento con sectores de fuera de la izquierda y de autonomía respecto del Partido Comunista. La segunda, liderada por Clodomiro Almeyda (...) que reivindicaba una posición "marxista-leninista" dura, una estrategia de acción conjunta con el PC y consideraba legítima la "vía insurreccional". Esas diferencias hicieron crisis en el Congreso de Argel (que en realidad tuvo lugar en Berlín) de abril de 1978, concretándose la división del PS en 1979" (Gamboa, Ricardo y Salcedo, Rodrigo. "El faccionalismo en el Partido Socialista de Chile (1990-2006): características y efectos políticos en sus procesos de toma de decisiones". Revista de Ciencia Política, volumen 29, número 3, Santiago, 2009, p. 674).

A diferencia de la vía armada y de organización de masas seguida por el Partido Comunista, a través de organizaciones como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, durante la década de 1980 el Partido Socialista desestimó la tesis de la insurrección y se impusieron los postulados de recuperación de la democracia de Carlos Altamirano (1922-2019), quien planteo una autocrítica sobre al leninismo y las influencias teóricas del proceso revolucionario cubano. En sus palabras, esa posición ideológica del PSCH "impidió desarrollar un programa de gobierno y un estilo político coherentes con el objetivo estratégico de transformar la sociedad chilena sin solución de continuidad institucional, sin ruptura revolucionaria, sin el clásico asalto al "Palacio de Invierno"" (Altamirano, Carlos. Carta a los socialistas. En Witker, Alejandro. Historia documental del PSCH: 1933-1993: forjadores y signos de renovación. Concepción: IELCO-Chile, 1993, p. 279).

En su carta a los dirigentes y militantes del partido, previo al "Congreso de Unidad Salvador Allende" de 1990, Altamirano señaló la necesidad de abandonar la perspectiva clasista de interpretación de la realidad chilena, que los cambios no pertenecían a una sola clase social y que "el desafío que enfrenta el país es y será tarea de la inmensa mayoría de los chilenos, capaces de unirse en torno a los superiores ideales de libertad y de justicia social, en una perspectiva coherentemente democrática y pluralista" y recalcó la necesidad de que el Partido Socialista terminara su proceso de renovación y reunificación para ser parte de esos nuevos desafíos (Altamirano, p. 272-273).

Algunos grupos escindidos del Partido Socialista durante esta disputa ideológica, fueron parte de experiencias organizativas tanto de manera oficial como en la clandestinidad, destinadas a analizar la situación del país durante la dictadura y generar herramientas de lucha y resistencia contra ella. Estas fueron la Alianza Democrática (1983-1987) y el Movimiento Democrático Popular (1983-1987).

La postura democrática-antidictatorial se vio influenciada y fortalecida posteriormente por la necesidad de ganar los plebiscitos de 1988 para dar un final constitucional a la dictadura militar, y de 1989 para realizar reformas a la Constitución de 1980. Lo anterior se logró a partir de la organización de la Concertación de Partidos por el No, que luego dio paso a la "transición a la democracia" al apoyar la campaña presidencial y el gobierno democratacristiano de Patricio Aylwin Azócar (1918-2016).

La visión renovada del socialismo chileno expresada por Altamirano y continuada por la dirigencia en los años posteriroes a la dictadura, permitió al Partido Socialista ser uno de los ejes de continuidad para los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, junto al Partido Demócrata Cristiano, que en conjunto con el resto de la centro-izquierda, gobernaron entre 1990 y 2010. Esta coalición tuvo dos presidentes socialistas: Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) y Michelle Bachelet Jeria (2006-2010). Debido a su nueva flexibilidad ideológica y bajo la supremacía de la Constitución de 1980 -reformada en 2005 por el gobierno de Lagos-, el Partido Socialista y sus aliados administraron el país a través del nuevo modelo de Estado subsidiario y pusieron en funcionamiento los mecanismos económicos del sistema neoliberal, implementado en el país desde 1974 por la comisión de expertos económicos nombrada por la Junta Militar y reformado a través de la "etapa de flexibilización de las políticas económicas" implementada por Hernán Büchi (1949) en 1985 cuando asumió como Ministro de Hacienda, luego de la crisis económica de 1982-1983.