Durante gran parte del siglo XIX el gobierno intervino abiertamente en las elecciones, asegurando la elección de parlamentarios leales y designando a sus sucesores.

Hasta 1874, el control del proceso electoral lo tenían los municipios, los que por estar subordinados al poder central constituían una poderosa herramienta de intervención electoral. Las formas más comunes utilizadas por el oficialismo para asegurar el triunfo de sus candidatos eran la suplantación de votantes, la inscripción y movilización de los funcionarios públicos y tropas de la Guardia Nacional, el robo de urnas y la intimidación de los candidatos opositores.

El mecanismo más importante para acceder al poder político no era la búsqueda del voto del electorado sino el apoyo del Presidente de la República o el ministro de Interior para ser incluido en las listas oficiales de candidatos, lo que aseguraba un triunfo seguro. En la práctica, la designación de los parlamentarios, así como la sucesión presidencial, era el resultado de una compleja negociación entre el gobierno y las elites regionales y santiaguinas.

Aunque el electorado inscrito para votar era mínimo en relación al total de la población, los artesanos y pequeños comerciantes de las ciudades tenían una relevancia mayor a la que tradicionalmente se ha creído. Como la Guardia Nacional se reclutaba entre esos sectores, adquirieron una especial importancia para los distintos sectores políticos, lo que quizás pueda explicar los tempranos niveles de politización del artesanado urbano.