A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, el Estado despojó progresivamente a la Iglesia de sus prerrogativas terrenas mediante un turbulento debate parlamentario sobre las atribuciones que, en materia judicial, correspondían a ambos poderes. Las primeras batallas se libraron en 1864.

El año 1874 fue testigo del comienzo de una verdadera escalada en la lucha religiosa. En lo sucesivo, las posiciones se hicieron más fuertes e intransigentes en la medida que se fueron aprobando las leyes laicas: la primera ley de cementerios en 1871; la aprobación del Código Penal en 1874; la supresión del fuero eclesiástico en 1875 y el conflicto por el nombramiento del nuevo arzobispo de Santiago (1878).

La última estocada al clericalismo se produjo bajo la administración de Domingo Santa María con la dictación de las leyes de cementerios, matrimonio y registro civil laicos.

La promulgación de cada una de estas leyes, según los representantes del clero, llevaría a la decadencia moral de la sociedad entera, a la entronización de los vicios y la degeneración del hombre.