La consolidación de la república autoritaria, afincada en la Constitución de 1833, permitió la institucionalización definitiva del Ejército. Según la carta fundamental, el Ejército quedaba subordinado al poder ejecutivo, a través del Ministro de Guerra y Marina, al que le correspondía disponer de las fuerzas de mar y tierra, organizarlas y distribuirlas según su conveniencia. Como contrapeso, el Congreso Nacional quedaba con la facultad de fijar año a año el número de fuerzas militares de mar y tierra en tiempos de paz y guerra. Además se señaló expresamente en la Constitución que las fuerzas militares no eran deliberantes en cuestiones políticas. En cuanto al gobierno interior del Estado, se estableció que el Intendente de cada provincia tendría en sus manos el poder civil y militar de su jurisdicción territorial, pasando a tener el control sobre el Ejército de la provincia como Comandante General de Armas. De esta forma el Presidente, a través del Ministro de Guerra y Marina, y los respectivos Intendentes tenía el control centralizado del Ejército nacional, quedando de esta manera garantizada la subordinación del poder militar al poder civil. La institucionalidad también estableció que junto al Ejército permanente, llamado de línea, continuaría en operaciones la Guardia Nacional, compuesta por milicias civiles. Sobre la base de esta institucionalidad, el Ejército de Chile comenzó su consolidación como una institución permanente de la Republica de Chile.