Según la ley de matrimonio civil, la jefatura del hogar recaía en el hombre, quien debía proteger, amparar y suministrarle lo necesario, de acuerdo a sus facultades, a su mujer. Ella, por su parte debía hacer lo mismo en el caso que el marido careciera de bienes, además de deberle obediencia, depender de él en lo económico y administrativo y estar obligada a vivir con él y seguirle a donde trasladara su residencia.

Dentro de los deberes conyugales se encontraban la fidelidad, el socorro y asistencia mutua. Sin embargo, en la práctica, la situación de la familia obrera era distinta.

En 1933, el abogado José Luis López Ureta diagnosticó que la familia chilena se encontraba en crisis moral, dado el alto número de hijos ilegítimos y la cantidad de matrimonios disueltos. En El abandono de la Familia adjudicó tal crisis a la falta de cultura moral y religiosa del pueblo chileno; a los efectos del alcoholismo; la pornografía y el trabajo industrial femenino, entre otros elementos. La familia obrera chilena parecía ser de lazos débiles, frecuentemente constituida por uniones de hecho y sufría de grandes problemas económicos, morales y médico - sociales que requerían la intervención inmediata del Estado.

A lo largo de las décadas del 1920 y 1930 se discutió la relación entre los sexos al interior del matrimonio, la posibilidad de su disolución, la situación de los hijos ilegítimos y el ejercicio de la patria potestad. Desde el Estado se incentivó la figura del padre proveedor y la madre como dueña de hogar, lo que se vio reflejado en la discusión sobre el salario familiar, que promovía el matrimonio civil y desincentivaba el trabajo femenino.