En el convulsionado ambiente del año 1925, con ocasión del golpe de estado que provocó la renuncia del mandatario Arturo Alessandri Palma (1888-1950), se puso en vigencia un decreto ley que otorgaba facultades al Presidente para fiscalizar o censurar "en caso de guerra o conmoción interna", todos los medios de publicidad, servicios de transmisión de noticias y correspondencia privada. A partir de ese momento, las décadas del veinte y el treinta estuvieron marcadas por las continuas prohibiciones impuestas a diversos medios de comunicación opositores a los gobiernos de turno.

Una vez que el coronel Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960) subió al poder en el año 1927, comenzó a llevarse a cabo una política de represión sostenida a los partidos y organizaciones políticas y sindicales que mostraran una postura crítica al gobierno. Según Gonzalo Vial (Historia de Chile. Tomo IV: La dictadura de Ibáñez), el régimen ibañista se sostuvo en el sometimiento de la prensa, el congreso y los partidos y en la aplicación de censura sobre correspondencia, cine, radioemisoras, teléfonos y reuniones gremiales. Una de las pocas declaraciones públicas al respecto señalaba que la prensa debía fiscalizar "con elevación y altura de miras los actos del Gobierno" y "no aprovechar esta libertad para hacer propaganda revolucionaria desquiciadora" (Flores, Jorge. La dictadura de Ibañez y los sindicatos. p. 28). Con ese argumento y bajo un estilo claramente autoritario, se procedió al cierre de toda la prensa considerada por el Gobierno como revolucionaria. Asimismo, se procedió al cierre de órganos de difusión de sindicatos y federaciones de trabajadores, que componían una de las fuerzas periodísticas más populares de la época: los periódicos obreros. Uno de los casos más polémicos fue la clausura del diario Justicia, periódico oficial de la Federación Obrera de Chile (FOCH).

Aquellos periódicos que no fueron cerrados, quedaron sometidos a una vigilancia permanente. Para ello se estableció que toda casa editorial debía contar con una autorización oficial para la publicación de sus revistas y periódicos. Más aún, se designó un censor que revisara y aprobara la información emanada de los nuevos periódicos más importantes del periodismo moderno (1900-1920). El diario El Mercurio, de reconocida inclinación hacia el ibañismo, no experimentó mayor sobresalto en este período. Distinta suerte corrieron La Nación, diario que fue expropiado en 1929 y su dueño, Eliodoro Yáñez, obligado a salir del país, y El Diario Ilustrado, que fue intervenido.