A finales de la década de 1970 el régimen militar de Augusto Pinochet comenzó a delinear una nueva institucionalidad para el sector eléctrico. El primer paso fue la creación de la Comisión Nacional de Energía en 1978, organismo que tenía por función elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético nacional. El siguiente paso fue una nueva legislación, la Ley General de Servicios Eléctricos promulgada por el D.F.L N° 1 de 1982, para realizar el traspaso de las empresas de generación, transporte y distribución de la electricidad al sector privado, en un marco de competencia, dejando al Estado sólo una función reguladora, fiscalizadora y subsidiaria. Al mismo tiempo, se inició un proceso destinado a traspasar al sector privado las empresas eléctricas estatales, específicamente Endesa y sus filiales y la empresa de distribución eléctrica Chilectra que operaba en Santiago y Valparaíso, las que fueron divididas en numerosas empresas, tanto de generación como de distribución y adquiridas por inversionistas chilenos y extranjeros.

El sector eléctrico chileno, en manos de capitales privados nacionales y extranjeros, quedó organizado en cuatro sistemas eléctricos. El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que cubre el territorio entre las ciudades de Arica y Antofagasta; el Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende entre Taltal y Chiloé; el Sistema de Aysén que atiende el consumo de la Undécima Región; y el Sistema de Magallanes, que abastece dicha región y representa un 0,62% de la capacidad instalada en el país.